El Partido Popular de Madrid ha reafirmado su respaldo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, luego de que se hiciera pública su imputación por un presunto delito de acoso sexual y laboral contra una exconcejala de su propio partido. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, fue enfático al reiterar su apoyo, utilizando la expresión "por supuesto" en múltiples ocasiones ante las preguntas de los medios. Serrano, número dos de la presidenta Ayuso, eludió pronunciarse sobre una posible dimisión de Bautista, desviando la atención hacia el Gobierno central con una serie de interrogantes sobre sus propios miembros.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, optó por no hacer declaraciones al finalizar un evento informativo. Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, también se limitó a un conciso "absolutamente" al ser consultado sobre el tema.
La titular del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha citado al alcalde como investigado para el 9 de octubre. Además, se han programado declaraciones de cinco testigos solicitados por la acusación particular para los días 23 de octubre y 6 de noviembre.
En contraste, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha insistido en la necesidad de la dimisión del regidor, apelando a la "responsabilidad, ejemplaridad y decencia". Martín argumenta que Bautista debería haber renunciado hace meses, cuando el caso salió a la luz, y ha extendido su crítica a la presidenta Ayuso y a la dirección del PP, acusándolos de haber "amparado" al alcalde mientras, según él, "señalaban cruelmente a la víctima".
Alfonso Serrano había defendido previamente la inocencia del alcalde en una rueda de prensa en febrero, calificando de "mala fe" la grabación de conversaciones por parte de la denunciante. El caso tiene implicaciones directas para Serrano, ya que se le atribuye haber aconsejado a la presunta víctima no recurrir a la justicia, sugiriendo que esto podría perjudicarla. La exconcejala había intentado resolver la situación a través de los canales internos del PP de Madrid, denunciando los hechos ocurridos desde la campaña electoral municipal de 2023 hasta su salida del Ayuntamiento y del partido en octubre de 2024.
Según la información obtenida por EL PAÍS, la exconcejala mantuvo dos reuniones con la cúpula regional del PP. En la primera estuvieron presentes Ana Millán, vicesecretaria de Organización, y Alfonso Serrano. A la segunda asistieron Millán y Lucía Paniagua, también dirigente del PP madrileño. En ambas ocasiones, la exconcejala fue presionada para que no llevara el asunto a los tribunales.
El relato de la exconcejala detalla cómo el alcalde de Móstoles le habría hecho proposiciones explícitas no deseadas. Tras su rotunda negativa a mantener una relación que no fuera estrictamente profesional, la exconcejala afirma haber sido objeto de un proceso de aislamiento, invisibilización y trato humillante que se prolongó durante meses, culminando con la retirada de sus competencias asignadas.